Salud
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SANTO DOMINGO.- Durante los primeros seis meses del  presente año la población dominicana obtuvo ahorros por más de tres mil millones de pesos  en la compra de medicamentos  en las farmacias del pueblo, debido  al bajo costos con los que estos medicamentos  fueron adquiridos.

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SANTO DOMINGO. En los últimos cuatro años 312 mujeres han perdido la vida a manos de sus concubinos y exparejas. De esta cantidad, 43 se cometieron en los primeros seis meses de este año lo que evidencia que los feminicidios en el país se mantienen como un problema latente, ¿es el nivel económico y educativo de los feminicidas la razón?

Son pocos los estudios socioculturales que existen en el territorio nacional para determinar las causas que mantienen en auge los feminicidios, pero para algunos expertos responde a un factor socioeconómico y cultural.

La principal investigadora del tema en la República Dominicana, Susi Pola, considera que la incidencia se debe a la continuidad de una cultura patriarcal.

“No tiene que ver con el estatus económico del agresor y la agredida, se trata de machismo, es el androcentrismo que existe en nuestra cultura que es poner al hombre como centro de todo, la masculinidad violenta, está en todas las esferas, eso no tiene clase social”, resalta Pola.

A su juicio involucrar a la personas pobres en estos casos es un mito que hay que desmontar.

Una investigación realizada y publicada en junio de 2013 por el Centro de Intervención Conductual para Hombres que preside Luis Vergés, destaca el desempleo como una de las variables asociadas a este tipo de violencia. Resalta además que el 26% de los hombres implicados, en un total de 4,760 casos de los conflictos de parejas evaluados entre agosto de 2008 hasta noviembre de 2012, se encontraba desempleado.

Diario Libre analizó el tema prestando atención a las zonas geográficas y el nivel socioeconómico y educativo de los agresores. Para ello, tomó el período entre 2014 hasta marzo de este año y se encontró que Santo Domingo (60), Santiago (39), La Altagracia (22), San Cristóbal (20) y el Distrito Nacional (18), son las cinco localidades donde con mayor frecuencia ocurren los casos de feminicidios.

De acuerdo al referido estudio, el nivel académico de la población masculina que produce mayores niveles de violencia durante una relación, se concentra entre educación media, con el porcentaje más alto-45%-, seguida de los hombres profesionales-con un 29%- y el nivel básico-24%. Apenas un 2% son analfabetos.

En Santo Domingo localidad del país más poblada-2,374,370 de habitantes- y donde se registra la mayor cantidad de estos casos, predominan las personas con nivel primario y secundario. Los que nunca asistieron a la escuela son los menos.

Machismo y desempleo, entre factores de los feminicidios
La Altagracia con más feminicidios que el Distrito

Durante la investigación se encontró que lugares como la provincia La Altagracia con solo 273,210 habitantes, las muertes de mujeres a manos de sus concubinos supera las ocurridas en el Distrito Nacional aunque tiene tres veces esta cantidad de ciudadanos.

Para la magistrada Roxanna Reyes, procuradora de la Mujer, aunque no se tiene una explicación concreta de la razón por la que esta provincia registra un alto nivel de feminicidios, hay que tomar en consideración que es una zona turística con un alto movimiento de personas.

“Es importante observar variables como potencializadores de la violencia la venta de alcohol, proxenetismo, trata, es un tema que estamos revisando”, precisó la magistrada.

En La Altagracia la población en edad de trabajar es de 218,699, siendo la parte inactiva y desempleada de 99,760 y 9,168, respectivamente, para un total de 108,928. Mientras los ocupados son 105,139, lo que coloca a ambos grupos en una posición similar.

Del total poblacional de esta provincia ubicada al este del país 226,837 asistió a la escuela y solo 22,660 alcanzó el nivel universitario, el resto 117,968 llegó a la primaria, 65,542 a la secundaria y 20,667 a preprimaria.

De las 32 provincias que conforman el territorio nacional, solo Independencia no registró algún feminicidio durante el período citado. Esta localidad aunque comparte similitud con la superficie de La Altagracia-2,007.4 kilómetros cuadrados- tiene una población cuatro veces menor.

De los 52,589 habitantes que posee 3,286 alcanzó estudios universitarios, 22,022 la primaria y 9,519 nunca asistió a la escuela, lo refuerza la teoría de que la escasa preparación no parece ser un factor influyente en los agresores de mujeres.

El feminicidio como la expresión máxima de la violencia contra las mujeres de lo que nos habla es de un fallo social, un fallo en el Estado y en el sistema de justicia, subrayó Sintia Velasco.
Pide reforzar investigación en Santo Domingo

La directora de la Colectiva Mujer y Salud recomienda identificar en cuáles sectores de la ciudad de Santo Domingo prevalece este delito y evaluar las causas que subyacen a la comisión de la infracción.

Sintia Velasco manifiesta que para enfrentar el flagelo en esta demarcación se debe levantar una investigación para determinar si las mujeres que fueron asesinadas presentaron querellas y tenían órdenes de alejamiento, debido a que muchas de las víctimas tienen una trayectoria larga en tribunales por violencia familiar.

“La otra cosa que hay que pensar es que uno de los obstáculos más grande que tenemos en el país para implementar una respuesta estratégica al feminicidio, es que no se ha construido su forma penal porque con la caída del Código Penal, el feminicidio quedó sin una descripción y sin una pena”, argumentó Velasco.

La impunidad, dijo, es importante y para lograrlo habría que hacer un comparativo entre cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántos hombres detenidos y cuántos de esos han recibido condena.

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WASHINGTON. El Gobierno estadounidense notificó este viernes formalmente a la ONU su intención de retirarse del Acuerdo de París, como anunció hace dos meses el presidente Donald Trump, un proceso que no podrá completarse hasta el 4 de noviembre de 2020, un día después de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

“Hoy, Estados Unidos envió una comunicación a las Naciones Unidas, en su capacidad como depositario del Acuerdo de París, sobre la intención de retirarse del Acuerdo de París tan pronto como tenga la opción de hacerlo, según los términos” del pacto, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

Trump anunció el pasado 1 de junio su decisión de abandonar el Acuerdo de París que a finales de 2015 firmaron casi 200 países, al argumentar que ese pacto pone en “permanente desventaja” a la economía y los trabajadores estadounidenses.

El punto 28 del Acuerdo de París indica que cualquier país que haya ratificado el acuerdo, como es el caso de EE.UU., solamente podrá solicitar su salida tres años después de su entrada en vigor, esto es, el 4 de noviembre de 2019.

Una vez hecha formalmente esa petición, tiene que pasar otro año para que la salida del acuerdo sea efectiva, por lo que Estados Unidos se desvinculará del pacto el 4 de noviembre de 2020.

“El presidente está dispuesto a volver a implicarse en el Acuerdo de París si Estados Unidos puede identificar términos que sean más favorables para el país, sus negocios, sus trabajadores, su pueblo y sus contribuyentes”, indicó hoy el Departamento de Estado.

Pese a esa oferta de Trump, Alemania, Francia e Italia ya cerraron en junio la puerta a una eventual renegociación del acuerdo, y todo apunta a que el pacto firmado en París seguirá adelante sin la participación de Estados Unidos.

Trump aseguró al hacer su anuncio que detendría “todas las implementaciones” de sus compromisos climáticos en el marco de París, que incluían la meta propuesta por el expresidente Barack Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

Aún así, el Departamento de Estado defendió hoy que Estados Unidos “apoya un enfoque equilibrado en su política climática, que rebaje las emisiones al tiempo que promueva el crecimiento económico y garantice la seguridad energética”.

“Seguiremos reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero mediante avances tecnológicos y de innovación, y trabajaremos con otros países para ayudarles a acceder a combustibles fósiles y usarlos de manera más limpia y eficaz, y desplegar fuentes de energía renovables”, señala el comunicado.

Estados Unidos seguirá participando en negociaciones y reuniones internacionales sobre cambio climático, incluida la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en la ciudad alemana de Bonn, para “proteger los intereses estadounidenses y asegurar que la Administración tiene abiertas todas las opciones posibles en el futuro” para su política sobre el clima.

“Esa participación incluirá las negociaciones en curso relacionadas con las formas de implementación del Acuerdo de París”, precisó el Departamento de Estado.

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El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que la salud pública debe ser asumida como una de las principales prioridades del Estado Dominicano, con especial énfasis en la reducción de los índices de mortalidad infantil y materna.

De acuerdo al dirigente opositor, “en el país todavía no se puede hablar de avances en materia de desarrollo humano, mientras no logremos superar las deficiencias del sistema de salud y la inadecuada aplicación de la Ley de Seguridad Social, que son, junto a la calidad de la educación, los más grandes desafíos que tiene por delante la sociedad dominicana”.

Recordó que la reducción de la mortalidad infantil y maternidad fue uno de los 21 objetivos del milenio donde la República Dominicana no logró alcanzar la meta trazada, y planteó la necesidad de hacer los ajustes necesarios en materia de políticas públicas para superar esa expresión sumaria del subdesarrollo

Citó como un indicativo de la falta de claridad del gobierno del PLD sobre la importancia de la salud pública su decisión de reconstruir de manera simultánea unos 56 hospitales en municipios cabeceras provocando que ahora la mayoría de ellos no estén operando a su debida capacidad y la consecuente falta de atención a sus pacientes.

El dirigente político y economista hizo los señalamientos durante una visita al municipio Santo Domingo Este que incluyó dos encuentros organizados por la médico y diputada Adalgisa Abreu, y su esposo el doctor Julio Cruz Pichardo.

En opinión del pasado candidato presidencial opositor, la salud pública es un tema de vida o muerte para la población dominicana y dijo que si el Gobierno pretende realmente mejorar la calidad de vida de la gente no solo debe asignar más recursos para mejorar el funcionamiento de los hospitales públicos, sino también readecuar el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para que los beneficios sociales consagrados en esa reforma puedan ser aplicados en beneficio del segmento poblacional que más lo necesita.

Sostuvo que para que la salud pública pueda operar con la eficiencia que necesita la población, hace falta que el Gobierno haga un uso más racional del presupuesto público, ya que a su juicio, la administración del presidente Medina destina una gran parte de los recursos del Estado a nominillas políticas y a otros gastos improductivos.

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Lucas Patrick Machado, de 24 años, conoció a Celso* en una red social, en julio de 2014.
Ambos vivían en la ciudad de Cáceres, estado de Mato Grosso, e intercambiaron mensajes durante un par de semanas. A final de mes decidieron cenar juntos.
“Siempre decía que yo era bonito y buena onda, que quería conocerme y que podríamos estar juntos. Por eso decidimos salir”, recuerda Machado.
El encuentro terminó en un motel, donde mantuvieron relaciones sexuales con preservativo.
“Yo le había dicho que no tenía condones y le pedí que llevase, porque estaba sin dinero”, afirma Lucas.
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Después de la primera relación, a Machado le extrañó la actitud de Celso, quien no demostró interés en mantener contacto.
“Nos fuimos y él me dejó en casa. No nos hablamos más en las semanas siguientes. Me sentía usado porque creía que podría tener algo serio”, señala el joven.
Joven sentadoDerechos de autor de la imagenBBC BRASIL
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La transmisión de enfermedades venéreas o graves es un crimen en Brasil.
Tres meses después, una llamada telefónica estremeció a Machado.
“Él (Celso) me llamó y sugirió que me hiciera un examen de VIH porque me había ‘dejado un regalo’ en la noche que compartimos”, relata Machado.
Horas más tarde, Machado recibió los resultados de los exámenes.
“El médico confirmó que yo era seropositivo. Me quedé inmóvil. Para mí la vida había terminado”.
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A pesar de creer que fue víctima de transmisión intencionada de VIH, Lucas Machado optó por no denunciar a Celso.
“Yo tenía 21 años y no tenía la madurez para pensar en una denuncia. Si ocurriera hoy, tal vez yo lo haría, pero me parece muy complicado llevar casos así, porque es muy difícil probarlo”, explica.
Aunque estos casos pueden considerarse como hechos aislados dentro de una población de 827.000 personas viviendo con VIH en Brasil, situaciones como la de Lucas exponen el dilema de seropositivos ante la dificultad de investigación y el prejuicio existente en estos casos.
Hombre sujetando un condónDerechos de autor de la imagenTHINKSTOCK
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Víctimas de probables transmisiones intencionales relatan que existe prejuicio en el momento de las denuncias.
Sanciones en debate
La transmisión de enfermedades venéreas o graves es un crimen en Brasil.
El Código Penal prevé una pena de hasta un año de prisión a quien expone a la pareja a una enfermedad venérea sabiendo que está infectado.
Si la transmisión es intencional, la pena sube hasta cuatro años de cárcel.
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En el caso del VIH, una decisión de 2012 del Supremo Tribunal de Justicia enmarca la transmisión dolosa como lesión corporal gravísima, delito que puede resultar en hasta ocho años de reclusión.
Sin embargo, entidades que apoyan a las personas con VIH y observatorios de políticas públicas para la enfermedad critican las iniciativas legislativas que criminalicen a las personas portadoras.
El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), por ejemplo, califica las medidas punitivas como algo “innecesario” y un “retroceso”.
ONUSIDA señala que no hay comprobación de que la criminalización de la práctica traiga beneficios a la salud pública.
Pastillas retroviralesDerechos de autor de la imagenSCIENCE PHOTO LIBRARY
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En caso de sospecha de exposición al VIH, el Sistema Único de Salud ofrece la Profilaxis Post-Exposición (PEP), que es un tratamiento con antirretroviral por 28 días, cuyo objetivo es evitar la infección del virus.
Según la entidad, existe el riesgo de inducir a errores graves de judicatura y de criminalización deliberada de personas que viven con el virus.
“Una vez bajo la amenaza de ser considerada criminal, la persona tiende a huir de los servicios de salud, evitando la prueba para el VIH, haciéndose potencialmente más propensa a transmitir el virus de forma involuntaria”, afirma el programa.
De hecho, para ONUSIDA, los casos de propagación deliberada son aislados debido a los tratamientos con antirretrovirales que reducen en un 96% las posibilidades de un VIH positivo de transmitir el virus.
Preconcepto e incertidumbres
Víctimas de probables transmisiones intencionales relatan que existe prejuicio en el momento de las denuncias.
“Hice la denuncia en una comisaría contra un hombre que tuvo relaciones conmigo contra mi voluntad. Empezaron a investigar, pero al final dijeron que no existe violencia sexual contra el hombre y no había cómo probar que me infectaron intencionalmente. Esa es una de las cosas que más me dolió, porque ni la policía quiso ayudarme “, afirma Luiz, un universitario de 22 años de Río de Janeiro.
El joven relata que conoció a un hombre de 40 años, que decía ser director de escuela, a través de una aplicación de relaciones en febrero de este año.
Ellos conversaron por dos días y marcaron un encuentro en un motel.
“Él pidió tener sexo sin condón y me dijo que no tenía ninguna enfermedad, pero yo no quería. Entonces usó la fuerza contra mí, para evitar que escape, y tuvo relaciones conmigo sin preservativo”, cuenta.
El universitario señala que bloqueó al agresor en todas sus redes sociales después del acto sexual.
“No sabía qué hacer, porque no iba a buscar a mi familia ni a nadie. Preferí guardar lo sucedido para mí y esperar no haber contraído el virus”.
Símbolo mundial del VIHDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
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Alrededor de 827.000 personas viven con VIH en Brasil.
Luiz señala que esa fue su primera relación sin preservativo.
Un mes después de ese desafortunado encuentro, comenzó a enfermar con frecuencia.
“Tuve bastante fiebre, tomé remedios y no mejoraba. Me recuperé un poco, pero sentía mucho dolor de cabeza. En marzo empezaron a aparecer manchas en mi cuerpo y fui a hacer un examen de sangre”, relata.
Dos días después, recibió el resultado y descubrió que era VIH positivo.
“Mi madre fue la primera en saberlo y me lo dijo. Fue horrible, para mí el mundo había terminado, no sabía qué hacer”.
Al día siguiente, el universitario tuvo la primera consulta médica y comenzó el tratamiento contra el virus.
Después fue a una comisaría para acusar a su abusador.
“Decidí denunciarlo, pero no profundizaron en el caso. Fue buscado por la policía y dijo que no sabía que tenía VIH. Tuvo que hacer la prueba y dio positivo”, recuerda Luiz.
Fábrica de condonces de BrasilDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
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Se estima que en Brasil hay 112.000 personas viviendo con el virus y que aún no lo saben.
Finalmente el joven quedó con la incertidumbre sobre la intencionalidad en la transmisión.
“Es difícil averiguar si fue intencional o no, no puedo afirmar que él sabía, pero creo que sí. Independientemente de eso, lo que hizo estuvo mal, porque tuvo sexo conmigo sin condón, incluso sin mi consentimiento”, concluye.
La Policía Civil de Río de Janeiro no respondió a las consultas de la BBC sobre este reportaje.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, en una nota, negó que exista negligencia de la policía en esas situaciones.
Afirmó que se orienta a víctimas de posibles transmisiones intencionales a registrar los casos, y que hay análisis individualizados de cada hecho para la “tipificación de qué crimen el hecho se encuadra”.
Ironías
El publicista Lucas Raniel, de 25 años, que vive en Ribeirão Preto, estado de Sao Paulo, experimentó lo que son las consecuencias de acusaciones sobre transmisión intencionada del VIH.
Convive con el virus desde hace tres años y llegó a ser acusado de propagarlo deliberadamente.
“El año pasado crearon un grupo de WhatsApp con una foto mía y hablaron de que estaba pasando sida. Ese rumor se extendió y cuando lo descubrí me quedé en shock”, relata.
Lucas RanielDerechos de autor de la imagenMARINA BRAVA
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Lucas Raniel fue acusado de transmitir VIH intencionalmente.
En aquella época, Raniel estaba en tratamiento contra el virus y poseía carga viral indetectable.
“Yo iba a los bares y sentía que me miraban, mucha gente se alejó y yo me fui aislando. Vivía yendo de la facultad al trabajo y del trabajo a casa”, afirma Raniel.
El publicista revela que llegó al extremo de colgarse en la ventana de su habitación por una noche entera.
“Pensaba en morir. Es triste hablar eso, pero no me parece correcto dejar de mencionarlo porque la gente piensa en eso y no puede ser así. Uno no puede suicidarse por una enfermedad, tiene que vencerla y no entregarse. Pero la maldad y el prejuicio hacen que usted se cierre y se entregue a una depresión de la que ni siquiera se da cuenta” explica Lucas.
Raniel descubrió ser VIH positivo en diciembre de 2013.
Dice que cree que fue infectado tres meses antes, tras reunirse con un chico que había conocido a través de una aplicación móvil.
“Había llegado a casa borracho, después de una fiesta, y conocí al chico. Conversamos un poco y nos encontramos esa misma noche. Fui a su casa, seguimos bebiendo y acabé perdiendo los sentidos. En medio de la madrugada me llevó al cuarto, pero tengo un recuerdo muy vago”, relata.
Raniel señala que al día siguiente recordó que mantuvo una relación sexual.
“Recuerdo poco de esa noche, pero sabía que él lo había hecho sin condón. Le pregunté de inmediato y él dijo que podía estar tranquilo, porque no tenía nada”.
Movilización LGBT en BrasilDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
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Víctimas de probables transmisiones intencionales relatan que existe prejuicio en el momento de las denuncias.
Antes de descubrir el virus, Lucas señala que llegó a buscar al hombre nuevamente.
“Comencé a enfermar y llegué a buscarlo en el WhatsApp. Le hablé sobre lo que estaba pasando y le dije que no había tenido sexo sin condón con nadie más. Se puso muy nervioso y me bloqueó de todo”, afirmó.
Raniel es otro joven que cree haber sido víctima de transmisión intencional de VIH, pero optó por no denunciar el caso.
“No hay manera de probar que fue intencional, además, creo que un error mío lo ocasionó porque yo estaba bebiendo mucho. Por eso no lo denuncié. No tengo dolor, espero que esté bien y no lo haga de nuevo”.
Tendencias
Los tres jóvenes citados en este reportaje integran un rango de población que ha presentado una subida en los índices de infección.
Los datos del Ministerio de Salud muestran que la tasa de hombres de 15 a 19 años con sida casi se triplicó de 2003 a 2015 (de 2,9 casos por 100 mil habitantes a 6,9).
También existió un gran incremento en el rango de 20 a 24 años (de 18,1 casos por 100 mil habitantes hasta 33,1).
Retrovirales repartidos por el ministerio de Salud de BrasilDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
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Los datos del Ministerio de Salud muestran que la tasa de hombres de 15 a 19 años con sida casi se triplicó de 2003 a 2015 (de 2,9 casos por 100 mil habitantes a 6,9).
Los expertos sugieren que las razones están vinculadas a factores como la aparición de aplicaciones que facilitan encuentros sexuales casuales y la disminución de programas de educación sexual en las escuelas.
La orientación del Ministerio de Salud es usar preservativo en las relaciones sexuales siempre.
En caso de sospecha de exposición al VIH, el Sistema Único de Salud ofrece la Profilaxis Post-Exposición (PEP), que es un tratamiento con antirretroviral por 28 días, cuyo objetivo es evitar la infección del virus.
El procedimiento debe iniciarse en un máximo de 72 horas después del contacto con el VIH.
Se calcula que en Brasil hay 112 mil personas viviendo con el virus y que aún no lo saben.
Otras 260.000 ya estarían al tanto, pero no hacen uso de medicamentos.
De las 827.000 personas viviendo con el VIH en Brasil, alrededor de 715.000 ya fueron diagnosticadas y 512.000 dieron inicio al tratamiento.

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El Ministerio de Salud dispuso este sábado el cierre temporal del Centro Internacional de Cirugías Plásticas Avanzadas (CIPLA) ubicado en la calle Pedro Henríquez Ureña próximo a la Alma Mater, donde mujeres extranjeras y criollas se practican cirugías estéticas, entre otros procedimientos invasivos.

El cierre del CIPLA fue ejecutado por la Dirección de Habilitación y Acreditación, adscrita al Viceministerio de Garantía de la Calidad, con el apoyo legal de Ministerio Público, representado por un fiscal de la Procuraduría Especializada en Salud, por violación a la Ley General de Salud y al decreto 1138-03 sobre habilitación de establecimientos de servicios de salud.

De inmediato el Ministerio de Salud explicó que dispuso el cierre tras concluir una intensa investigación a raíz de que el 19 de junio pasado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos le informara formalmente la detección de nueve (9) casos de infección por micobacterias no tuberculosas, de crecimiento rápido.

Las mujeres, todas residentes en territorio estadounidense, tienen historia de haberse sometido a cirugías estéticas en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada y Especialidades, entre marzo y junio del año curso.

En un boletín de prensa el Ministerio de Salud consigna que ante esta notificación de inmediato activó un Grupo de Respuesta Rápida (GRR) interdisciplinario con el objetivo de determinar la magnitud del problema, así como identificar la fuente de infección y los mecanismos de transmisión implicados.

“Generalmente las infecciones causadas por este tipo de bacterias se deben a procedimientos invasivos que emplean agua, productos, equipo o material contaminados y a través de inyecciones de sustancias contaminadas. La transmisión de persona a persona es poco frecuente”, explica.

Agrega que el informe del GRR evidencia que en el centro de salud implicado existen varios factores que facilitan la ocurrencia de infecciones en las heridas quirúrgicas, entre las que se resaltan fallas en el proceso de esterilización de instrumentos, riesgo de contaminación de productos y materiales empleados en las cirugías.

También, condiciones ambientales y prácticas riesgosas, especialmente en las salas de cirugías; y fallas en el proceso de esterilización de los instrumentos.

Ante esta situación, añade la información, como autoridad sanitaria nacional y en cumplimiento de la misión de garantizar la salud de los pacientes, el Ministerio de Salud decidió el cierre temporal del CIPLA, pues pese a que contaba con habilitación legal, el centro quirúrgico no aplicaba las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos vigentes. Además, la oferta de servicios desborda su propia capacidad, factores que por sí solos y/o combinados representan un alto riesgo para la salud de los pacientes.

El Ministerio informó, asimismo, haber realizado un levantamiento del personal de salud, del estado de los equipos y material quirúrgico, las condiciones de las instalaciones y de los pacientes internos en el centro.

Sobre los pacientes internos en CIPLA el Ministerio de Salud explicó que con el objetivo velar por la integridad de su estado físico y emocional permitirá su permanencia en el centro para que puedan concluir su período de convalecencia y tratamiento sin interrupción como única actividad.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- a Asociación Nacional de Dueños de Farmacias (ASONADUFAR) reiteró su rechazo a las pretensiones del Ministerio de Salud Pública de aplicar las recomendaciones de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respecto a un “Plan Maestro de Política Farmacéutica Nacional”.

Señaló que dicho plan no ha sido consensuado con los actores del sector farmacéutico y, por demás, “es un modelo fracasado en Colombia y otros países de la región, que conllevaría a la quiebra de todos los eslabones de la cadena de distribución de los medicamentos en la República Dominicana”.

El gremio no obstante sugirió que sea abierto un espacio de diálogo para discutir y consensuar dicho proyecto.

Sostuvo que “tal y como han denunciado otras entidades ligadas a este sector, el referido plan contiene puntos sugeridos por los técnicos del BID y aceptados por las autoridades sanitarias que, de concretizarse, atentarían contra la permanencia y supervivencia del mercado farmacéutico nacional, teniendo como consecuencia la monopolización del mercado, lo que provocaría el encarecimiento de los medicamentos”

“De igual manera, como gremio que agrupa a los propietarios de establecimientos farmacéuticos en el país enviamos varias comunicaciones a la ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, expresándole nuestra queja porque no se nos convocaba, ni se nos tomaba en cuenta para discutir dicho proyecto”, indicó.

ASONADUFAR alertó sobre “las pretensiones de imponer un modelo de alta peligrosidad y de integración vertical que limitaría la sana competencia existente, encaminado a que un reducido número de actores públicos y privados concentren la producción, importación y comercialización de medicamentos, en franca violación a la Ley 42-01, que lo prohíbe”.

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SANTO DOMINGO.- Desde este sábado primero de julio, 14 mil 782 militares pensionados y mil dependientes directos han entrado al Plan Especial Transitorio de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados de las Fuerzas Armadas.

Este programa fue creado por el decreto 159–17, del presidente Danilo Medina. En virtud del mismo, los militares retirados tendrán “acceso digno y oportuno a los servicios de salud, al tiempo que contarán con una mayor cobertura”, expresó Chanel Rosa Chupany, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNasa).

Dijo que los beneficiarios de este Plan contarán con una red de prestadores creada especialmente para ellos y podrán afiliar a sus dependientes directos y aquellos adicionales que deseen, pagando la cápita correspondiente para estos últimos.

Cobertura efectiva

Los pensionados militares podrán acceder a los servicios contemplados en el Plan de Servicios de Salud (PDSS 3.0) presentando su cédula, mientras se completa la jornada de entrega de carnets que los acreditará como afiliados a SeNaSa.

Garantía de tratamientos en curso

A los pensionados que estaban afiliados a la ARS de las Fuerzas Armadas, que actualmente tienen tratamiento en curso, se les garantizará la continuidad de los mismos desde su inclusión a SeNaSa.

Para estos fines, deberán depositar, en cualquiera de las oficinas de SeNaSa a nivel nacional y en un plazo de 30 días, el expediente compuesto por historia clínica, resultados que avalen el diagnóstico, estudios y análisis realizados, así como indicación del tratamiento o procedimiento.

Las ventajas

Entre las ventajas que representa para un militar pensionado pasar este Plan Especial se encuentra la cobertura para enfermedades de alto costo que aumenta de RD$150 mil a RD$1millón de pesos por evento por año para cada afiliado.

De entrada, eso aplica a los militares retirados que ya estaban afiliados a la ARS de las FF.AA.

Además, aumenta la cobertura para medicamentos ambulatorios de RD$3,000 por año a RD$8,000 más RD$90,00 para medicamentos coadyuvantes, los cuales se suministran a pacientes oncológicos para tratar los efectos secundarios de los tratamientos.

De igual modo, tendrán consultas especializadas ilimitadas, eliminando el tope anual de 12 consultas especializadas por año que se establecía en la ARS de la Fuerzas Armadas; aumenta de 80% con RD$150,000 en hospitalización a un 85% sin tope por año; elimina topes para cirugías, estudios diagnósticos, consultas de rehabilitación, terapias, aparatos y prótesis, así como hemoterapias.

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas y el Hospital de la Fuerza Aérea Dr. Ramón de Lara, forman parte de su red de prestadores de servicios de salud de SeNaSa, donde los militares y sus dependientes no pagarán diferencia por los servicios que allí reciban.

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Cerca de un millón de dominicanos son mayores de 60 años, lo que indica que la población que hace 20 años era joven porque estaba entre los 40 y los 50, ya ha alcanzado la categoría de adulto mayor, de los cuales el 34 por ciento de los mismos vive en la indigencia, según estudios del año 2015.
La Ley 352-98 y la Constitución de la República garantizan los derechos de las personas envejecientes, pero las prerrogativas expresadas en el ordenamiento jurídico son poco conocidas por los beneficiarios de las mismas.
Los derechos de los envejecientes son garantizados en todos los países donde impera el Estado Social y Democrático de Derecho, y tal como lo asumió nuestra Constitución del 2010, los adultos mayores de la República Dominicana son constitucionalmente protegidos.
Los envejecientes, en la mayoría de los países de nuestra región, gozan de una serie de beneficios, muchos de los cuales están expresados en la legislación dominicana pero no son disfrutados por los adultos mayores y envejecientes en general.
Beneficios como precios especiales para los medicamentos, entradas a los espectáculos, el transporte, entre otros, no son aplicados en este país.
La Ley 352-98 establece que el organismo encargado de aplicar dicha ley, el Consejo Nacional para Personas Envejecientes, deberá entregar un “carnet de exoneración” a las personas mayores de 65 años, que es el rango de edad que se considera limite en el país para determinar si es adulto mayor.
Con la presentación del “carnet de exoneración”, se supone que el adulto mayor lo presentará para rebajas en el transporte, los medicamentos y demás beneficios contemplados en la ley.
La Ley de envejecientes describe otras garantías como son: derecho a una protección especial, derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados, derecho a recibir una pensión alimenticia, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho al empleo y generación de ingresos, derecho a la salud y a la nutrición, derecho a la vivienda y a ciudades amigables y sostenibles que no representen peligro para el ejercicio del libre tránsito.
La Ley hace énfasis en el derecho que tienen los envejecientes a permanecer en el seno de la familia, donde se les garantiza una mejor calidad de vida.
También protege a aquellas personas que no hayan alcanzado los 65 años, pero por padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios que garantiza el sistema para los envejecientes.
La Ley también define los diferentes tipos de adultos mayores, y abre espacio para los envejecientes con discapacidad, los desamparados, los viudos, los prisioneros y los que padecen trastornos mentales.
Pese a la Ley y a la Constitución, los lugares para ancianos que no tienen familia sobreviven en condiciones que dan pena, 34 de cada cien envejecientes viven en la indigencia, por lo que se impone una política pública de cara a dignificar los años que le quedan por vivir a cerca de un millón de dominicanos.

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La comisión de la Cámara de Diputados a la que se le asignó el estudio del proyecto de ley del Código Penal recomendará que se rechacen las observaciones del Poder Ejecutivo, según reveló hoy su presidente Henry Merán.

Si finalmente esas recomendaciones son acogidas por el pleno de los diputados, entonces el aborto quedaría penalizado en todas las circunstancias en el país.

Esto así porque el Senado ya el rechazó las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina a esta ley, que ya había sido aprobada en las dos cámaras.

La comisión presentará su informe el próximo 13 de julio para que el pleno decida sobre las observaciones presidenciales al Código Penal.

La fecha se fijó a solicitud de los voceros de los distintos partidos que convergen en el Congreso Nacional, a los fines de orientar las bancadas respecto a la importancia del proyecto de ley.

Los diputados tienen presión para conocer el tema, desde la sociedad civil hasta grupos pro derecho de las mujeres se han manifestado a favor de que sean acogidas las observaciones presidenciales, en sentido contrario a la decisión del Senado.

Organizaciones, agrupadas en la Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres han reclamado la despenalización del aborto, como plantea el Poder Ejecutivo.

En tanto que la cúpula de la Iglesia Católica, visitó a la presidenta de la Cámara, Lucía Medina, y expresaron la necesidad de la aprobación del Código, aunque aseguraron que el tema del aborto no fue tocado.