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Ameglio Batista

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SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE), representada por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, interpuso el jueves una acción en conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en contra del Tribunal Superior Electoral, con la que persigue reivindicar “sus atribuciones constitucionales y legales para revisar sus propias decisiones, así como su autonomía funcional para cumplir con el mandato de organizar los procesos electorales”.

Mediante instancia depositada directamente en el Tribunal Constitucional, la JCE cuestiona los criterios asumidos por el Tribunal Superior Electoral en su decisión TSE/013/17 del 21 de abril de 2017, la cual fue pronunciada en ocasión de acciones en nulidad ejercidas por varios partidos políticos respecto de la Resolución 02-17, dictada por el Pleno de la JCE para establecer el criterio para la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos y el orden de los partidos. Dicha decisión anuló la resolución en cuestión, bajo el entendido, entre otros argumentos, de que la JCE no tiene competencia para conocer de revisiones de sus decisiones.

Al entender de la JCE, tanto la Ley Electoral como otras legislaciones en materia administrativa le dan atribuciones para conocer de revisiones o reconsideraciones interpuestas por terceros tendentes a lograr una retractación de las decisiones pronunciadas por ella misma. De la misma manera, al parecer de la JCE, el Tribunal Superior Electoral se ha extralimitado en sus decisiones al declararse competente para conocer de impugnaciones que no se encuentran establecidas en el artículo 214 de la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral No.29-11.

En ese sentido, la acción ejercida por la JCE plantea que las competencias del Tribunal Superior Electoral son limitativas y que cualquier impugnación jurisdiccional contra sus actos es de la competencia del Tribunal Superior Administrativo, por tratarse de asuntos de naturaleza exclusivamente administrativa.

La acción en conflicto de competencia es una vía jurisdiccional directa ante el Tribunal Constitucional que se ejerce en virtud del artículo 185 de la Constitución, así como de los artículos 59 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No.137-11. El objetivo de la misma es que el Tribunal Constitucional resuelva las situaciones de conflicto de competencias que se generan entre poderes públicos u órganos constitucionales.

La JCE explicó a través de su Dirección de Comunicaciones que la acción ejercida no constituye desde el punto de vista procesal un recurso contra la decisión TSE/013/17, sino que es una acción especial reservada de forma exclusiva a poderes u órganos constitucionales que procurar delimitar las competencias y atribuciones de los mismos en casos de contradicción entre ellos. No persigue, por lo tanto, la nulidad de una decisión previa, sino la delimitación a futuro de las competencias en conflicto.

No obstante lo anterior, la decisión TSE/013/17 sí ha sido impugnada mediante recursos de distintas naturaleza por varios partidos políticos, incluyendo una revisión ante el mismo Tribunal Superior Electoral, así como una revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión por ante el Tribunal Constitucional.

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La Comisión de la Verdad pidió hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reactivar las investigaciones de la desaparición del profesor universitario Narciso González, hecho ocurrido el 26 de mayo de 1994.

Mario Suriel, Manuel Romer Castaños y Altagracia Ramírez, viuda González, sostienen que el ministerio público tiene que acoger la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó al Estado dominicano como responsable de la desaparición de Narciso González.

Sostienen que la justicia dominicana ha engavetado el caso Narcisazo, existiendo elementos suficientes para procesar a los mencionados en la querella con constitución en parte civil.

“Nosotros queremos vincular el caso de Narciso González a los reclamos de la Marcha Verde, denunciar que el Gobierno no ha cumplido con esa sentencia y proclamar nuestra determinación de mantener la lucha hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Castaños.

Manifestó que la corrupción, el crimen y la impunidad son un mal estructural que está insertado en todas las instituciones fácticas el Estado, incluida la justicia, que a su juicio solo responde a los intereses de la clase dominante.

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Dos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguraron hoy que no hay posibilidad de echar para atrás el acuerdo para la presidencia en la Cámara de Diputados, puesto que será ocupado por cuatro diputados peledeístas, uno por cada año.

El exvicepresidente Rafael Alburquerque y Bautistas Rojas Gómez afirmaron que esa fue una decisión tomada hace un año, a unanimidad, para asegurar la alternabilidad en la Cámara Baja.

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Ambos dirigentes hablaron a instancia de El Nacional en torno a las declaraciones del vocero de los diputados del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez Díaz, quien no descartó una reelección de Lucía Medina (Yomaira).

Rojas Gómez manifestó que no hay forma que una decisión así se pueda echar de nuevo atrás, cuando el Comité Político decidió que haya alternabilidad, en una reunión encabezada por el presidente Medina y el expresidente Fernández.

“Hasta ahora hay una decisión política tomada por el Comité Político desde hace un año y esa resolución es la que está vigente en este momento”, expresó Alburquerque.
“La decisión fue tomada a unanimidad, no hubo un solo voto en contra, de modo pues que todos los involucrados saben que estarán un año en la Cámara de Diputados”, expresó Alburquerque.

Agregó “yo te puedo decir como miembro del Comité Político que hasta ahora no se ha producido discusión o intercambio de opiniones para que esa resolución sea revocada”.

El Comité Político decidió en julio del año pasado dividir el período de cuatro años de la Cámara Baja, uno por año.

En el primer año le tocó a la hermana del presidente Danilo Medina y le tocaría a partir del 16 de agosto al diputado Rubén Maldonado, allegado al sector del expresidente Leonel Fernández.
En agosto del 2018 asignado a Radhamés Camacho y el último para Demóstenes Martínez.

Sin embargo, Yomaira Medina coquetea con la reelección en el cargo y no deja nada a la imaginación cuando señala que esa decisión está en manos del Comité Político, organismo al cual pertenece.

“Yo no soy loca, sé que hay un acuerdo, pero eso no es tema del Congreso, sino del Comité Político que decidirá si me quedo”, expresó ante el asedio de los periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados.

Circunstancia
El vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, no descarta que el Comité Político permita la reelección de Lucía Medina en la presidencia de la Cámara de Diputados, al entender que las circunstancias cambian
Ni el presidente Medina ni Fernández, presidente del PLD, los dos líderes y jefes de grupo en el PLD, se han referido a la disputa pública sobre los acuerdos para el bufete directivo de la Cámara Baja.

Sin embargo, el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, expresó que esa fue una decisión tomada ya en el seno del organismo y que no cree que Lucía Medina esté buscando romper con ese acuerdo.

“Reinaldo como secretario general puede hablar sobre el tema, pero esa es una decisión que deberá tomarla el Comité Político”, fue la respuesta que ofreció Yomaira Medina.

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Por tercera ocasión, el Gobierno haitiano impidió la entrada de la mayoría de productos dominicanos en el intercambio comercial que se realiza los lunes y viernes en Dajabón.

Desde las 10:00 de esta mañana, los inspectores de Aduanas y agentes policiales de Haití no dejan pasar por el puente fronterizo productos agrícolas, pastas alimenticias, pollos vivos y congelados, entre otros, alegando que deben pagar los impuestos.

Sin embargo, Taisy Pie, un comerciante haitiano, dijo que la intención no es cobrar impuestos, porque los productos que les son quitados en el paso fronterizo son vendidos a otras personas en Haití.

“Los poderosos de Haití lo que quieren es pasar patanas de mercancías para vendernos caros a nosotros allá”, denunció Pie.

De su lado, Domingo Ganizé, otros de los compradores extranjeros, expresó que los haitianos no están yendo al mercado de Dajabón, porque temen perder sus productos en el mercado binacional.

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El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) confirmó hoy la muerte del joven Manuel Sosa, de 33 años, en el estado de Lara (oeste del país), quien presuntamente recibió un disparo durante una manifestación este jueves.

El gobernador de Lara, el opositor Henri Falcón, expresó su “solidaridad” con la familia y amigos de la víctima y pidió que “cada asesinato” sea “sancionado de manera ejemplarizante”.

El diputado José Manuel Olivares señaló que el joven falleció debido a un “impacto de bala en el tórax”, aunque las autoridades no han dado detalles al respecto.

Con la muerte de Sosa asciende a 58 la cifra de víctimas mortales que han dejado los hechos violentos derivados de la ola de manifestaciones que desde el pasado abril se suceden a favor y en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

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SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) comunicó este viernes que no pertenecen a su membresía las empresas de vigilancia que las autoridades incautaron armas de fuego, apresaron a su personal y cerraron por irregularidades, y respaldó la regularización del sector, entendiendo que las disposiciones están apegadas a la Constitución, las leyes y cumpliendo con el debido proceso.

La presidenta de ADESINC, Lucile Houellemont de Gamundi, sugirió establecer mecanismos que salvaguarden los bienes y la integridad física de los usuarios y clientes de estas empresas de seguridad privada que son cerradas, ya que pudieran quedar desprotegidas cuando se realizan los operativos.

Los allanamientos a los que hace referencia ADESINC fueron realizados de manera simultánea en la compañía de seguridad privada Guardianes Portorreal, S.R.L. (GUAPOSA), ubicada en el sector Los Restauradores, del Distrito Nacional, así como en Santiago, Bávaro, Puerto Plata y Barahona, donde personal de la empresa prestaba servicios.

​“Aunque no conocemos los pormenores de las infracciones que ocasionaron las intervenciones a estas empresas, pues no son asociadas a ADESINC, apoyamos las acciones que realiza el Estado dominicano con el objetivo de velar por la seguridad nacional siempre que se realicen con apego a la Constitución y las leyes del país y cuidando el debido proceso”, expresó la dirigente empresarial.

Este viernes, los principales medios informativos nacionales reseñaban la incautación de 118 armas de fuego irregulares, seis vehículos y el apresamiento de 80 personas en allanamientos simultáneos en la capital y las regiones norte, este y sur del país pertenecientes a las compañías guardianes privadas, en un operativo denominado “Operación Rayo” de la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa.

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Obreros trabajan afanosamente desde ayer en el remozamiento y ampliación de la cárcel del Palacio de Justicia, a fin de disponer de espacio para cuando comiencen los apresamientos de los implicados en los sobornos de Odebrecht.

Al menos dos turnos de 10 obreros contratados por la Procuraduría General de la República trabajan 24 horas realizando labores de limpieza y derribando paredes para ampliar los espacios de las celdas que albergarán a los detenidos.

Mientras una fuente ligada a la Fiscalía confirmó los trabajos, pero no permitió el acceso de los periodistas al lugar donde se realizan.

En tanto otra fuente, relacionada con la Procuraduría sostuvo que la ampliación de la cárcel no obedece a razones nuevas sino que era un proyecto concebido para varias cárceles, pero que se comenzó por la de la capital.

A las 6:00 de la mañana de hoy podían escucharse el sonido de las mandarrias y taladros trabajando en el cuarto piso del edificio que aloja la Fiscalía del Distrito Nacional .

El encargado de la obra dijo que le dieron de plazo hasta el domingo para que termine los trabajos.
Se espera que en los próximos días se dicten al menos 10 órdenes de arresto contra el primer grupo de los implicados en el caso de sobornos por 92 millones de dólares que habría distribuido Odebrecht en el país para la obtención de contratos de obras gubernamentales.

Entre los que se mencionan como implicados figuran legisladores, funcionarios, exfuncionarios y empresarios.

La fuente aseguró que el objetivo es que los trabajos estén listos antes del domingo. Las labores comprenden la remodelación de la casa de guardia, así como otras áreas que estaban abandonadas.
Desde el martes está circulando el rumor de que el Ministerio Público tiene en su poder varias órdenes de arresto que serán ejecutadas a más tardar la próxima semana.

Con relación al caso la Procuraduría ha interrogado a 38 personas, entre ellos al ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura; Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Alfredo Pacheco, Reinaldo Pared Pérez, Angel Rondón y, al menos, dos de los representantes de la empresa brasileña en el país.

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El presidente Danilo Medina se reunió este jueves con los miembros de la Unidad de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, de quienes recibió un informe detallado de los avances de esa entidad.

La unidad se encarga de coordinar y supervisar la implementación de los proyectos de reforestación, también le habló al Jefe de Estado a cerca de los proyectos de rescate de las cuencas hidrográficas del país.

También trabaja en las iniciativas de desarrollo sostenible aprobadas por el Presidente de la República.

Fue creada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 10-07.

En la reunión estuvo presente el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. También el ministro de Agricultura, Ángel Estévez.

Asimismo, el mayor general Rafael De Luna Pichirilo, director de la Unidad y quien hizo la presentación. Con ellos, el viceministro Juan Pumarol, coordinador de las Visitas Sorpresa.

También los viceministros Winston Marte, de Agricultura y Manuel Serrano, de Medio Ambiente.

En el artículo 2 del citado decreto, se crea la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal.

Está conformada por el viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario. También por el viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, el viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura.

Esta última Unidad tendrá un director ejecutivo, quien será designado por el presidente de la República.

Equipo especializado e interinstitucional
El artículo 3 indica que cada proyecto tendrá un equipo técnico administrativo especializado e interinstitucional. Ese personal será responsable de la ejecución y estará coordinado por la Unidad Técnica Ejecutora.

La adecuada ejecución de los proyectos deberá contar con la participación de las instituciones responsables. Asimismo, de las organizaciones sociales de las respectivas comunidades.

En el artículo 5, se instruye a todas las dependencias del Gobierno a prestar la asistencia necesaria.

Cumple compromiso con productores en Visita Sorpresa
Con este decreto, el Presidente cumple un compromiso asumido con productores en Visita Sorpresa. El 11 de diciembre de 2016 se anunció la designación de una comisión para garantizar que los proyectos logren su cometido.

“Voy a firmar un decreto, en los próximos días, creando un comité que le va a dar seguimiento a estos proyectos”. Así lo dijo al presentar un proyecto de desarrollo sostenible a productores de Neyba e Independencia.

2017, Año del Desarrollo Agroforestal
Se recuerda que el presidente Danilo Medina declaró el 2017 como el “Año del Desarrollo Agroforestal”. La disposición está contenida en el decreto 395-16.

Uno de los considerandos de la pieza señala que es prioridad del Gobierno fomentar la productividad de las tierras. También mitigar los gases con efecto invernadero y proteger las cuencas hidrográficas.

Producir y al mismo tiempo proteger medio ambiente
Precisa que se prioriza un manejo sostenible de los bosques y recursos forestales. Igualmente, contrarrestar la deforestación a través de la explotación agropecuaria.

Destaca como prioridad nacional proveer fuentes de ingresos a las comunidades de las cuencas hidrográficas.

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Santo Domingo.-Los partidos que componen la oposición política del país piden al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que en la modificación de sus reglamentos internos se incluya la obligación de transparentar ante el pueblo dominicano todo el proceso de selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y los cuatro faltantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que solicitan que el proceso sea público y televisado.

Dicen que los jueces del TSE y de la SCJ deben reunir requisitos de probidad, académicos, de imparcialidad y apartidismo.

“La deliberación del Consejo Nacional de la Magistratura para su selección no puede ser secreta, ni fruto de acuerdos de aposento”, precisó la oposición durante una rueda de prensa.

Agregan que ese “debe ser un proceso transparente en el que el pueblo dominicano sea testigo directo. No existe ningún impedimento legal para que el Consejo Nacional de la Magistratura incluya que este proceso sea televisado, lo que representaría una garantía de transparencia en la selección de los Magistrados del TSE y de la Suprema Corte”.

“Con relación a los jueces del TSE, reiteramos nuestra posición de rechazo absoluto al método de reparto político que ha imperado en los últimos años con funestas consecuencias para la institucionalidad democrática y de los partidos políticos. No puede haber democracia ni elecciones libres y limpias sin la garantía de un TSE imparcial, que no responda a ninguno de los partidos, ni de gobierno ni de oposición, y que tengan la probidad y capacidad jurídica suficiente para dirimir cualquier aspecto contencioso que surja dentro de los partidos políticos o en los procesos eleccionarios”, destacan

En cuanto a los cuatro jueces faltantes de la SCJ consideran que al país se le presenta una brillante oportunidad para seleccionar jueces de carrera, que puedan ser evaluados de manera transparente en su trayectoria judicial, honestidad, capacidad y rendimiento y que no estén vinculados o respondan a intereses políticos partidaristas o tengan compromiso con ningún sector o intereses particulares.

Los partidos de oposición hacen un llamado a la sociedad dominicana para estar vigilante del proceso que lleva a cabo el CNM, exigiendo que se adopten todas las medidas necesarias para dotarlo de las garantías de idoneidad y transparencia que la selección de jueces del TSE y la SCJ ameritan.

Los partidos agrupados en la mesa opositora son:

Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (D x C), Frente Amplio (FA), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y Partido Socialista Cristiano (PSC).

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El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Jochy Vicente, advirtió hoy que la veda que colocara el pasado viernes el gobierno haitiano a varios rubros procedentes de la República Dominicana, afecta negativamente a ambos países.

“Nos perjudica a nosotros como nación porque nuestros empresarios que hicieron programaciones e inversiones para dar ese suplido, tienen que enfrentar una serie de gastos que no tenían programados”, expresó Vicente este miércoles al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

En el caso de Haití, Jochy Vicente dijo que la medida tiene implicaciones para nada halagüeñas porque los productos que sufren la veda están siendo demandados por esa población que ahora no tiene acceso a éstos.

Video: Jochy Vicente en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio:

Jochy Vicente entiende que dichas prohibiciones tienen que ver con el tema de la recaudación de impuestos del gobierno haitiano. En ese sentido, urgió por reglas claras y estables, tanto interna en lo que tiene con ver con instituciones públicas que “nos regulan”; y externas en lo que tiene que ver con el comercio exterior con un país vecino.

Se recuerda que cientos de comerciantes de Haití fueron impedidos el pasado viernes por oficiales de aduanas de su país de regresar con productos adquiridos en Dajabón, tras ser informados que existía una veda para al menos 30 rubros criollos. De acuerdo con los comerciantes de esa nación caribeña, la restricción es contra víveres, vegetales, detergentes, carnes de res y pollo, embutidos, pastas y harinas.