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Ameglio Batista

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SANTO DOMINGO. La representación en el país de la República Popular China y la compañía Air China visitaron recientemente la sede del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a fin de verificar la factibilidad y posibilidades de que esa línea aérea inicie operaciones en República Dominicana.

El subdirector general del IDAC, Santiago Rosa Martínez, recibió a los visitantes en representación del director general Alejandro Herrera, destacando el interés de China en que la línea aérea tenga operaciones desde nuestro país, aprovechando las garantías de seguridad que ofrece el sistema aeronáutico y el prestigio internacional que ha alcanzado el República Dominicana, acorde a la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal a Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

“La representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China, el representante adjunto de esa entidad y la gerente general representante adjunta de Air China vinieron a plantear el interés de esa empresa de expandir sus operaciones en Latinoamérica y muy especialmente en el Caribe, ya que tienen oficinas en Cuba, de estudiar y analizar el mercado dominicano y los requisitos tanto operacionales como técnicos y de seguridad en el país, específicamente en los puntos de transporte aéreo, seguridad operacional y seguridad en la aviación”, informó Rosa Martínez.

Tanto Fu Xinrong, Xiaomeng Tan como Zang Xing, representantes de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China y de Air China, respectivamente, se comprometieron a una nueva visita al país próximamente, con un equipo técnico para trabajar en las facetas anteriormente citadas para la posible instalación de la línea aérea en el mercado local.

Los visitantes recibieron del IDAC la documentación pertinente, incluyendo la Ley de Aviación Civil, y colaborar con otras instituciones como el Ministerio de Turismo, la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario y la Cámara de Comercio Domínico China, con la finalidad de que el proceso sea más factible para todas las partes.

“Compartimos la visión del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de trabajar para que el turismo sea uno de los ejes principales de adquisición de divisas y de motor de la economía dominicana”, explicó el subdirector general del IDAC.

La representación comercial de la República Popular China y de Air China programaron una reunión de negocios en agosto próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, con la participación del director general del IDAC, Alejandro Herrera, para continuar con el estudio de mercado.

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Puerto Príncipe.- El expresidente haitiano, Jocelerme Privert, que estuvo durante un año al frente del Gobierno provisional creado en 2016 en plena crisis política, manifestó hoy su rechazo por la eliminación de los beneficios para los jefes de Estado provisionales una vez dejan el cargo.

Para el exmandatario, la decisión del actual jefe de Estado, Jovenel Moise, constituye una “persecución y revancha política por parte de la administración” que supondrá privarle de un sueldo, seguridad personal, un secretario a su servicio, y una oficina.

El pasado 19 de julio, el presidente Moise decretó el fin de los beneficios para los presidentes que no hayan sido elegidos en las urnas, caso de Privert, que asumió la Presidencia en febrero del año pasado para sustituir a Michel Martelly, quien dejó el poder sin que se hubiera elegido a su sucesor, debido a la crisis política.

La decisión que, según el Gobierno, se ha adoptado para reducir gastos, afecta a los expresidentes Boniface Alexandre (2004-2006), Prosper Avril (1988-1990), Henry Namphy (1986-1988), Herta Pascal Trouillot (1990-1991) y el propio Privert (2016-2017).

En una carta remitida al ministerio de la Justicia y al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el expresidente provisional haitiano afirmó que “la decisión es irracional y forma parte de una persecución política”.

En la misiva, Privert llama al ministro de Justicia, Heidi Fortuné, a aplicar la ley y respetar lo que dice la Constitución. Es una decisión muy desafortunada y esta puede traer consecuencias para mi seguridad y la de mi familia”, apunta.

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El Consejo Nacional de Migración extendió por un año el plazo para cambiar los carnés de los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, quien también es el presidente de Consejo, manifestó que ya le dieron las instrucciones a la Dirección General de Migración para que en 30 días elaboren el protocolo para que el 90% de los extranjeros que se acogieron al Plan y no han completado sus documentos puedan hacerlo.

“El plazo de un año comienza a partir de 26 de agosto y con esta extensión no tendremos que hacer carnés durante ese tiempo. Cuando los extranjeros pasen por Migración, esa entidad será quien decida su estatus en el país”, indicó Amarante Baret.

Precisó que los que no completen los documentos durante el año, quedarán de manera irregular en el país y que los operativos de detención de extranjeros irregulares van a continuar.

En la reunión del Consejo Nacional de Migración también participaron el ministro de Trabajo, de Obras Públicas, de Defensa, entre otros.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Productores de café organizados en la Confederación Cafetalera Dominicana, Inc.-CONCAFED- provenientes de distintas regiones del país, se manifestaron hoy frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto de ley tendente a crear un Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE).

Ricardo Lespín, presidente de CONCAFED, indicó que el propósito de este proyecto es reformar la composición de la junta directiva del organismo cafetero, a fin de excluir a los caficultores de los mecanismos de toma de decisión en materia de políticas públicas para el desarrollo del sector.

Señaló que esta iniciativa legislativa constituye algo inconcebible, pues prácticamente la totalidad de los institutos cafeteros de Centroamérica y El Caribe tienen su consejo directivo integrado con una mayoría de representantes de los caficultores organizados y electos democráticamente.

“De aprobarse ese proyecto de ley se estaría afectando a los pequeños y medianos caficultores en beneficio del monopolio local, pues se perderían las acreditaciones ISO que actualmente tiene CODOCAFE y que sirven de base a los sellos regionales de cafés de calidad que hemos ido logrando”, manifestó.

Ricardo Lespín, presidente de CONCAFED.
Ricardo Lespín, presidente de CONCAFED.
Señaló que este proyecto de ley no es más que el colofón de un conflicto que ha enfrentado al ministro de Agricultura con las organizaciones de caficultores y sus representantes ante la junta directiva del gremio que tiene como elemento de disputa la existencia de dos visiones contrapuestas sobre el abordaje adecuado al problema de la roya del cafeto (Hemilieia vastatrix).

Los manifestantes solicitaron que se disponga la realización de vistas públicas para la discusión y socialización de ese proyecto de ley, en aras de escuchar y ponderar adecuadamente todas las voces que se han sumado al reclamo de los caficultores dominicanos organizados.

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Santo Domingo.- El Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, consideró este lunes que el proceso de primarias obligatorias, simultáneas es inconstitucional.

Castaño Guzmán explicó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió que el recurso interpuesto por la Fundación Justicia y Democracia era inconstitucional por el modelo establecido en dicha ley de primarias obligatorias, simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral en base al padrón universal y sin identificar en la ley los recursos para tales fines.

A su vez, se refirió a que el proyecto de ley de partidos políticos que se conoce en el Congreso no contempla la realización de primarias obligatorias, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral con el padrón universal. Explicó que el artículo 36 del proyecto introducido por la JCE establece que son los partidos los que reglamentarán las primarias internas a celebrarse en la fecha en que el organismo competente del partido determine, siempre del período de tiempo de pre-campaña.

El Magistrado Castaños explicó que los términos del proyecto reflejan en ese sentido el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia en su decisión del 16 de marzo de 2005, la cual declaró inconstitucional la Ley No.286-04 del 15 de agosto de 2004, que establece el Sistema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto.

“La obligatoriedad de las primarias de los partidos implicaría necesariamente la simultaneidad de las mismas. Es materialmente imposible realizar primarias para 26 partidos políticos de forma individual, particularmente si se convocan con el padrón universal de la JCE, que implicaría una movilización de 16,000 colegios electorales, más de 100,000 personas y todos los recursos de un proceso electoral”, agregó Castaños Guzmán.

No obstante dichas observaciones, el Magistrado Castaños insistió en que la Junta Central Electoral acatará y respetará plenamente el modelo de primarias que vote el Congreso Nacional, así como todos los demás aspectos de la Ley de Partidos Políticos, una vez se encuentre debidamente aprobada y promulgada.

El Magistrado compareció este lunes ante la Comisión Bicameral que conoce los proyectos de ley de partidos políticos y de reforma electoral en el Congreso Nacional, a raíz de la invitación que le cursara el Presidente de dicha Comisión, el Senador Arístides Victoria Yeb.

“El modelo de primarias obligatorias, el mismo día, con el padrón de la Junta Central Electoral y sin identificar los recursos con los cuales se realizarían es inconstitucional de conformidad a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en 2005. El efecto del artículo 277 de la Constitución impide de asuntos que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada previo a la promulgación de la Constitución de 2010 puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, ese tema se encuentra precluido y eso es algo que debe tomar en cuenta el Congreso Nacional al momento de conocer el proyecto de ley de partidos políticos.” Indicó.

Respecto a la reforma electoral y al voto preferencial a nivel municipal, Castaños Guzmán indicó que “exponer a este país a un voto preferencial para los municipios es un riesgo muy grande que no deberíamos correrlo como sistema electoral. Nosotros sugerimos que se considere la lista cerrada y bloqueada, como fue siempre. Yo creo en el voto preferencial para los diputados, pero en el caso del nivel municipal, la implementación de más de 500 boletas electorales sería un desorden.”

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AFP
“No queremos ser Cuba”, se lee en uno de los carteles que grupos de opositores venezolanos pegaron en las fachadas de algunos recintos electorales, en una marcha contrarreloj para frenar la elección, el domingo, de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

En el inicio de una semana decisiva para la crisis política venezolana, la oposición realiza un recorrido por colegios donde serán instaladas las urnas, algunos de los cuales ya empezaron a ser custodiados por los militares en un operativo especial para los comicios.

Quemando los últimos cartuchos, convocó a una huelga de 48 horas el miércoles y el jueves con bloqueos de calles -tras un paro de 24 horas la semana pasada-, que será respaldada por importantes centrales obreras. No obstante, el gobierno controla la estratégica industria petrolera.

Para el viernes, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a una gran marcha en Caracas, bajo la advertencia de que si Maduro insiste en la elección, tomará acciones más contundentes el sábado y domingo en lo que llama un “boicot cívico electoral”.

“Deberíamos de estar trancado calles desde ya. Quedan pocos días y no podemos entregar el país”, declaró a la AFP Alveres Vargas, una comerciante pensionada de 76 años, en un colegio de Chacao (este), bastión opositor, cuya fachada fue cubierta de letreros contra el gobierno.

Desatando temores de más caos y violencia, la estrategia contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) escala aún más las protestas que iniciaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro, con saldo de más de un centenar de muertos.

En medio de esa convulsión y una economía devastada, Maduro asegura que la Constituyente traerá paz y estabilidad, mientras que la oposición asegura que reformará la Carta Magna para imponer un “sistema comunista”.

– “La Constituyente no va” –

Argumentando que no quiere legitimar un fraude, la MUD rechazó participar en la Constituyente pues no fue convocada en referendo y el sistema de elección de los 545 asambleístas fue diseñado por territorios y sectores, lo que, asegura, garantiza el control del gobierno.

“En mi centro electoral, la Constituyente no va”, “La ANC es dictadura”, “Mi voto es no votar”, “Queremos una Venezuela libre y sin hambre”, “Maduro dictador”, se leía en los carteles.

En Las Palmas, este de Caracas, varios efectivos del ejército los quitaban de la fachada del colegio La Consolación.

A ellos iban dirigidos parte de los carteles, por ser la Fuerza Armada Nacional, a la que Maduro ha dado enorme poder político y económico, el sostén clave del gobierno. “FAN honra tu uniforme”, se leía en otros letreros.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, tildó las acciones opositoras de irresponsabilidad que “rayan en apología al delito”.

El poder electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno, anunció “el cierre permanente” de centros de votación donde haya disturbios el domingo y habilitó otros de contingencia para que acudan los votantes de sitios conflictivos, como Chacao.

– “Des-pa-cito” –

Pero el gobierno puso a toda marcha la maquinaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PUSV) para garantizar una votación masiva.

Según el analista Benigno Alarcón, un alta abstención afectaría la legitimidad de la Constituyente, frente a los 7,6 millones de votos que según la MUD obtuvo en el plebiscito simbólico que realizó el 16 de abril contra la Constituyente, considerado ilegal por el poder electoral y el gobierno.

Esa legitimidad está también afectada por un creciente llamado de gobiernos de América Latina y Europa para que Maduro aborte su proyecto. El presidente estadounidense, Donald Trump, fue más allá al amenazar con sanciones económicas.

“La derecha imperial cree que puede dar órdenes en Venezuela”, dijo el domingo el presidente, quien acusa a sus adversarios de orquestar un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.

Pero Maduro asegura que el domingo dará una “paliza” a “la oposición fascista” y al “imperialismo”, para lo cual echó a andar una intensa campaña de propaganda, mitines y organización comunal. Ordenó que el transporte público sea gratis el día de votación.

Como parte de una campaña con canciones pegajosas, el domingo lanzó incluso una versión del hit “Despacito”, original de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, para promover la Constituyente.

Analistas abogan por una negociación para buscar una salida al conflicto. Pero la oposición exige que antes de hablar se anule la elección, mientras que Maduro aseguró que “la Constituyente ya es un hecho”.

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UN MUERTO ES EL RESULTADO DEL CHOQUE ENTRE UNA MOTO LINEAL Y UNA CUSTER DE TRANSPORTE PUBLICO

Dajabón.- Una motocicleta conducida por un dominicano que transportaba a siete haitianos indocumentados se accidentó este lunes en el noreste de República Dominicana y causó la muerte a cuatro de ellos y heridas a los otros tres, informó la Policía.

Entre los fallecidos figuran tres haitianos y el dominicano que conducía la moto, que se deslizó al llegar a un pequeño puente en la comunidad de El Pino, provincia Montecristi (noroeste).

La Policía no reveló los nombres de los fallecidos, pero aclaró que se trata de dos mujeres y un niño haitianos, además del conductor del vehículo.

El informe policial aseguró que uno de los neumáticos de la motocicleta sufrió un percance al parecer por la sobrecarga que llevaba y que el conductor, que se desplazaba de manera ligera, perdió el control cerca de un puente de la comunidad de El Pino.

Los lesionados en el accidente fueron ingresados en centros de salud cercanos al lugar del accidente.

El alcalde de El Pino, Nelson Peña, lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades que tomen acciones concretas para detener el tráfico de ilegales por la frontera dominicano-haitiana.

Asimismo, manifestó que el tráfico de haitianos ilegales se produce a diario a la vista de todo el mundo, por lo que insistió en que se adopten medidas para controlar esa situación.

Uno de los heridos dijo que su propósito era llegar a la ciudad de Santiago y desde ahí continuar hacia Santo Domingo, donde tienen familiares, agregó el edil.

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SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó este domingo como “una franca exageración” los señalamientos del Colegio de Abogados de la República Dominicana de que el Estado hace una “desleal” competencia a los miembros de ese gremio con la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

FINJUS explica que la Oficina Nacional de la Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia con rango constitucional desde 2010 y cuya función es ofrecer asistencia legal gratuita a las personas imputadas por cualquier causa que no cuenten con abogados, a fin de garantizar el acceso a la defensa de toda persona que ha sido acusada.

“En ese tenor, sea cual fuere la condición de una persona imputada en un proceso penal, la Constitución establece que debe contar con las garantías necesarias para gozar de sus derechos a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y de defensa”, indica FINJUS.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la Ley No. 277-04 de la Defensa Pública, con el propósito de reformar aspectos operativos de la Oficina Nacional de la Defensa Pública que limiten lo que llaman “competencia desleal” frente al ejercicio privado del Derecho y “explotación laboral” de los defensores públicos.

La citada fundación agrega que la Defensa Pública garantiza la inviolabilidad del derecho de defensa, que es una garantía fundamental del ciudadano, que es la base sobre las que descansan las demás garantías y derechos del acusado, como el juicio previo, la seguridad jurídica, el principio de inocencia, la tipicidad, el debido proceso, el derecho a guardar silencio, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que todas ellas tengan vigencia concreta dentro del proceso penal.

Sostiene que la Defensa Pública es un servicio que se instituye sobre la base de que no habrá distinción o discriminación alguna que impida que una persona sea asistida por un defensor público, sin importar su sexo, cultura, religión y condición socioeconómica.

“En ese orden, nuestra visión es que las facultades de un órgano de carácter constitucional no pueden ser consideradas privilegios por tener un determinado alcance. No existe, bajo ningún concepto, algún tipo de competencia desleal por parte de la Defensa Pública, puesto que decir esto implicaría interpelar la capacidad operativa y de solución de conflictos que le atañen a un organismo cuya responsabilidad nace de la propia organización del Estado dominicano.

FINJUS aboga para que todos los actores e instituciones del país asimilen adecuadamente sus roles respectivos y ajusten los aportes que pretendan realizar en temas jurídicos e institucionales en el marco de la necesaria estabilidad y el mejoramiento del ordenamiento jurídico de nuestro país.

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SANTO DOMINGO.- El ingeniero Hiddekel Morrison reiteró su explicación técnica donde demostró que en el país no existe una red 4.5G, señaló que en la respuesta dada por la empresa Claro queda evidenciado que la velocidad de Claro es de 390Mbps y que no alcanza velocidades propias de 4.5G que es 1,000Mbs.

El ingeniero Morrison reiteró que de conformidad a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU); organismo de las Naciones Unidas oficial para definir estándares y establecer los criterios técnicos globales para la evolución de las redes de telecomunicaciones, la cuarta generación (4G) actual en la que nos encontramos es definida por el International Mobile Telecomunications (IMT), donde se especifica que la frontera actual de las redes móviles conocida como 4.5G o generación intermedia entre la cuarta generación (4G) y quinta generación (5G), queda claramente establecida en el estándar Long Term Evolution (LTE) Advanced que es superior al LTE sin Advanced que es lo que se conoce como 4G.

Cuando se habla de 4.5G es porque se tiene una red LTE Advanced o LTE-A la cual parte de una velocidad de bajada de datos de 1Gbs mientras que en contraste una red LTE (4G) se mantiene en los rangos de 300 Mbps que es la velocidad que tiene Claro que no tienen ninguna red 4.5G y su red es 4G, con algunos puntos 4×4 MIMO.

Decir que una red de cuarta generación o 4G LTE es 4.5 G se constituye en una publicidad engañosa que pretende hacer creer a los clientes que dispondrán de una red de 1,000 Mb/s, cuando en realidad solo llega a una velocidad de hasta 390 megabits por segundo. Evidenciando con esto que es una red 4G y no una 4.5G como de forma engañosa y en una practica de competencia desleal quieren hacer creer a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de la República Dominicana pues ni siquiera se cuenta con los equipos a ser ofertados a los clientes con esa tecnología y la cobertura es sumamente limitada, entre otras cosas.

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MONTECRISTI, República Dominicana.-El expresidente Hipólito Mejía consideró este domingo aquí que se deben respetar las leyes con relación a la mano de obra haitiana y desde el Estado dominicano promover contratos de trabajo para la participación de extranjeros en la agricultura, como ocurrió hace 40 años.

Recordó que durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo y los gobiernos de Joaquín Balaguer se contrataba mano de obra haitiana para el corte de la caña de azúcar.

Previo a un recorrido por la Línea Noroeste para activar la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Mejía dijo que ese mismo acuerdo lo tienen las autoridades estadounidenses y mexicanas para cosechar rubros agrícolas.

Los artículos del 135 al 145 de Ley 16-92, con la que se promulgó el Código de Trabajo, el 29 de mayo de 1992, establece una cuota de 80-20, que una empresa con 100 empleos, debe otorgar trabajos al 80 por ciento de los dominicanos y 20 por ciento a manos de obra extranjera.

”Yo fui a la finca de Plantaciones del Norte y la mayoría eran haitianos y por qué no hay dominicanos?…de cada 10 hombres 8 eran haitianos”, apuntó el exmandatario.

Señaló que cada país debe hacer respetar su soberanía, sin abusar con los derechos humanos de los extranjeros ilegales que son encontrados en territorio dominicano.

El artículo 135 del Código de Trabajo “De la nacionalización del trabajo”, precisa que “el 80 por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.