Uno de los desafíos que enfrenta el Estado es superar las limitaciones y los niveles de injusticia que todavía presenta el sistema de seguridad social en el país, a pesar de los avances que se han logrado en los últimos años.
Uno de los estudios que sirven de base al foro industrial que desarrolla actualmente el sector empresarial, revela que tras haber transcurrido más de los 10 años de transición previstos, el seguro de salud contributivo apenas ha llegado a alcanzar el 25.6 por ciento de la población.
Uno de los desafíos que enfrenta el Estado es superar las limitaciones y los niveles de injusticia que todavía presenta el sistema de seguridad social en el país, a pesar de los avances que se han logrado en los últimos años.
Uno de los estudios que sirven de base al foro industrial que desarrolla actualmente el sector empresarial, bajo la coordinación de la Asociación de Industrias y de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, revela que tras haber transcurrido más de los 10 años previstos de transición, el seguro de salud contributivo apenas ha llegado a alcanzar el 25.6 por ciento de la población, mientras que el Estado ha venido integrando por vía del régimen subsidiado, a otro 21.3 por ciento .
Sin embargo, el estudio revela que aun permanece el 53% de la población al margen de seguro médico, habitualmente con altos costos de bolsillo para la atención y los tratamientos.
Asimismo indica que el sistema de pensiones apenas ha afiliado a 2.4 millones de personas, pero en la práctica, sólo unos 1.2 millones cotizan regularmente, de una población económicamente activa total de 4.56 millones, lo que indica que tres cuartas partes de la población corre el riesgo de llegar a la vejez sin ingresos formales, a menos que sean cubiertos por la beneficencia pública.
El estudio cuestiona que en la práctica el Estado ha ido suplantando el Sistema Dominicano de Seguridad Social por programas menos formalizados, como Solidaridad, que permite mucho más discrecionalidad y utilización en el sentido de asistencialismo y clientelismo político.
El estudio recuerda que en la Ley de Seguridad Social se estableció un cronograma de ejecución gradual a lo largo de un período de transición de diez años, al cabo del cual el sistema debía ser universal, es decir, que el 100% de la población disfrutara de un seguro de salud, y toda la población económicamente activa debía estar afiliada a un plan de pensiones.
Para asegurarse que así fuera, se dispuso la creación de tres regímenes de financiamiento para viabilizar la incorporación de la población en base a su capacidad contributiva, y que el Estado pagaría por los que no tienen capacidad de pagos.
Sin embargo, cuestiona que el proceso de transición se alargó demasiado, en el contexto de una estructura económica poco formalizada, en que la actividad formal es más la excepción que la regla; una frontera bastante difusa entre los grupos poblacionales de los tres regímenes de financiamiento, con el agravante de que los sectores más dinámicos son los informales. Además, el sistema impone costos relativamente elevados para los contribuyentes del sector formal y el Estado.
1. Pensionados
Los estudios indican que el sistema de pensiones apenas ha afiliado a 2.4 millones de personas, pero en la práctica, sólo unos 1.2 millones cotizan regularmente, de una población económicamente activa total de 4.56 millones.
2. Sin seguro
Además revela que el 53% de la población está al margen de seguro médico
