"Hostilidad", "pésima decisión", "medida arbitraria". Las reacciones a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ordenar la nacionalización de YPF no se han hecho esperar. El Ejecutivo de Rajoy ha prometido que responderá con "medidas claras y contundentes" en defensa de los intereses de Repsol y llamará este martes a consultas al embajador argentino en España. Esta posición del Gobierno ante la toma de control de la filial de Repsol por parte de Argentina fue expuesta anoche en una comparecencia ante los periodistas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el titular de Industria José Manuel Soria.
Margallo ha valorado la decisión de Kirchner como "pésima para España y Argentina". Por su parte el ministro Soria ha anunciado que el Ejecutivo español "ultima medidas de respuesta" que traerán consecuencias. Tras reunirse de urgencia con Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría en La Moncloa poco después del discurso de la presidenta argentina, los ministros de Exteriores e Industria han sido la cara del Gobierno ante la opinión pública.
Por su parte, Mariano Rajoy aprovechará su viaje de hoy a México "para hablar con nuestros aliados en América Latina de una cuestión que por ahora afecta a España pero amenaza a cualquier inversor extranjero", según Margallo. En concreto, recordó que México tiene "diferencias" con Argentina por su proteccionismo a la importación de automóviles.
De hecho, el presidente mexicano Felipe Calderón ha calificado de "muy lamentable" la intervención de la petrolera controlada por Repsol por considerar que es una decisión "claramente violatoria de acuerdos y tratados" y que "no lleva a nada". Calderón ha subrayado que la decisión tomada por Kirchner es "poco responsable" y "no le va hacer bien a nadie, ya no digamos a los inversionistas de Repsol".
También ha habido reacción por parte del Gobierno de Obama. El Departamento de Estado afirmó que "sigue los acontecimientos" en torno a la propuesta de ley para tomar el control de la filial de la petrolera.
Para el Ejecutivo español, la nacionalización de YPF es "arbitraria y discriminatoria" y afectará a millones de pequeños accionistas. Soria recordó durante su intervención que otras empresas españolas tienen intereses e inversiones en Argentina, entre ellas de los sectores financieros, telecomunicaciones y energético.
Extravagancia sin precedentes
"Esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo agravaría la situación", señaló Soria, aunque acto seguido el ministro Margallo recordó que un 32% de los casos pendientes de arbitraje en el comercio internacional "corresponden al actual Gobierno argentino" y reconoció que "cualquier temor es fundado".
Según el titular de Industria, el Gobierno ha condenado que la actuación unilateral de Kirchner "quiebra el acuerdo verbal" al que se llegó el pasado 28 febrero para que cualquier posible disputa relacionada con YPF se resolviese mediante el diálogo, "como es habitual entre países amigos". "El Gobierno argentino ha estado cerrado a cualquier dialogo con el Gobierno español", apuntó el ministro de Exteriores.
Las medidas que se adoptarán contra el país suramericano "están estudiadas, pero deben ser analizadas", dijo Margallo antes de precisar que "se anunciarán en el momento oportuno" y no en pleno "arrebato" por la indignación. El ministro señaló además que la expulsión de los directivos españoles de YPF le parece una actuación "extravagante" de la que no recordaba ningún precedente en toda su vida.
El Gobierno recuerda que España "salió en socorro de Argentina durante sus peores horas", en referencia a la quiebra del país hace una década, y advirtió de que la expropiación "es también extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino" porque "quiebra la confianza que necesita Argentina para salir -de su situación actual-".
En medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". El proyecto contempla como medida central la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que está en manos del grupo argentino Eskenazi y de la empresa española Repsol.
A través de un anuncio retransmitido por la cadena nacional, Cristina Fernández anunció la expropiación. El proyecto de ley por el que se hará efectiva contempla que el 51% de esas acciones expropiadas (el 26,01% del total) irá a manos del Estado nacional y el 49% (el 24,99% del total) a las provincias con producción petrolera, que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).
El Tribunal de Tasación argentino decidirá cuánto hay que pagar por la compañía. El texto legal -de 19 artículos, con 50 páginas de "fundamentos claros y precisos"-, recoge que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto de ley incluirá además una declaración "de interés público nacional" a los hidrocarburos del territorio argentino así como el "cambio de la totalidad de directores" de la compañía, aunque pretende garantizar la "continuidad operativa".
La iniciativa, denominada 'Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina', sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto tendrá que votarse durante las próximas semanas. El Senado comenzará el martes a debatir el tema. La iniciativa será discutida en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda; y Minería, Energía y Combustible
La presidenta hizo el anuncio en la Casa Rosada y estuvo acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou; el jefe de gabinete, Juan Manual Abal Medina; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el titular de la cámara de Diputados, Julián Domínguez. Pero para llevar a cabo el proyecto designó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de economía, Axel Kicillof.
Falta de inversión
Una de las excusas del Gobierno argentino para tomar esta decisión es que la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole. Para remarcar esto, la presidenta ha declarado que "la curva de desinversión de YPF Repsol se parece a la trompa del elefante", en clara alusión al accidente sufrido por el Rey de España.
"Tengamos en claro que las empresa que están aquí son empresas argentinas, aún cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en la rentabilidad de algunas de origen español", ha apuntado en su intervención.
Argentina "es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales", ha señalado al presentar una serie de cuadros estadísticos sobre la evolución de YPF desde 1999, cuando se produjo el ingreso de Repsol como principal accionista de la compañía, hasta el año pasado.
Dijo que "después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó (YPF) por primera vez nos convirtió en importadores netos de gas y crudo, con déficit de 3.029 millones de dólares" en la balanza del comercio de combustibles.
En este sentido, ha subrayado que el año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, "cifra que casi iguala" al superávit comercial del país, que el año pasado "fue de unos 10.477 millones".
Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.
