Incumplimiento de leyes diluyen expectativas en la población

Incumplimiento de leyes diluyen expectativas en la población

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SANTO DOMINGO.- El incumplimiento a las leyes en el país, provoca que la gran expectativa generada en el proceso de elaboración, dialogo y aprobación de las reformas legales se diluyan en el tiempo.

Una prueba fehaciente lo constituye la acogida que ha tenido por parte de la ciudadanía la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, la cual plantea una reforma profunda en el sistema vial del país.

La nueva normativa establece reformas sustanciales, la cuales parecerían llegar a resolver el dolor de cabeza que representa el desorden y la desorganización que impera en el transporte.

La unificación de todas las instituciones que rigen el transporte en una sola organización estatal, el establecimiento de un mínimo de escolaridad de un octavo curso para poder obtener el permiso que permita ser chofer de carros públicos, la obligatoriedad de no poder pasar de una cantidad determinada de pasajeros, el establecimiento de paradas obligatorias y la reorganización de los motoconchistas, dan un toque característico a una ley que desde antes de ser promulgada por el presidente Danilo Medina, reflejan la incredulidad de que solo se quedará en el papel.

Leyes como la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,  la 1-12  que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la legislación Orgánica de la Policía Nacional, son normativas que al igual que la recién aprobada legislación de transito causaron gran expectativa en la sociedad pero su falta de aplicación a llevado a que se hayan diluido en el transcurrir de los días.   Aunque algunos aspectos de las referidas leyes han sido cumplidos, no han podido producir las reformas profundas que se habían plateado.

La Ley de Seguridad Social a sus 15 años

La Ley numero 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue promulgada el 9 de mayo del 2001, por el entonces presidente Hipólito Mejìa.

Auque el sistema de salud ha logrado avances producto de esta normativa, a más de 15 años de su creación, la misma no ha logrado el cometido que se planteó de colocar a la República Dominicana entre los países mas avanzados en materia de salud de toda América Latina.

En su momento la ley contó con el consenso de la población, recibiendo el apoyo del Gobierno, el sector empresarial y el movimiento laboral. En la actualidad cursa en el Congreso un proyecto que modifica unos 55 artículos de la misma.

La Estrategia Nacional de Desarrollo

Promulgada por el presidente Leonel Fernández, el 26 de enero del año 2012 la ley que contiene la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, seria un instrumento diseñado para encaminar al país hacia el progreso en los diferentes órdenes.

La normativa plasma el establecimiento de un plan estratégico orientado a dar los pasos para hacer del país una nación cuyas acciones fuesen llevadas a cabo de una forma planificada.

La Ley planteó la realización de una Reforma Educativa, así como también la implementación de un Pacto Eléctrico y una Reforma Fiscal que integre a todos los sectores.

Hasta el momento solo se ha producido, a medias, la Reforma Educativa, la cual fue producto de reclamos sociales que obligaron a que en el proceso electoral del 2012 todos los candidatos asumieran el compromiso de llegar a la presidencia de la República cumplirían con la asignación del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un mandato establecido por ley, que los gobiernos venían incumpliendo desde la década de 1990.

La Reforma Policial

Promulgada a mediados del 2016 por el presidente Danilo Medina la Ley Orgánica de la Policía Nacional, acaparó la opinión pública por ser entendida como un mecanismo legal que adecentaría el referido organismo de seguridad.

La ley limita a 20 los generales del cuerpo del orden, y prohíbe a los policías prestar servicio particulares a personas físicas o morales y a establecimientos comerciales.

Obliga a los altos oficiales que ocupan funciones administrativas, a hacer sus declaraciones juradas de bienes, y prohíbe a los miembros de la uniformada el porte o tenencia de armas diferentes a las asignadas para el desempeño.

Hasta el momento la única acción que se ha observado en cuanto a los mandatos de la ley ha sido el cambio de nombre de jefe por director de la Policía Nacional, que es el nombre con que actualmente se designa al incúmbete.

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